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RESUMEN

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En la segunda semana de mayo, proyectos legislativos fueron introducidos en la Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico, los cuales, si aprobados, cambiarían radicalmente el proceso de permisos de construcción para las islas puertorriqueñas.

Se dice que los proyectos serían una solución al atraso de permisos y manera de atraer inversión y estimular la economía. El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, ha expresado su deseo de atraer inversión y promover la construcción.

Mientras que todos sectores están de acuerdo que el proceso de permisos de Puerto Rico debe ser actualizado, los proyectos como hoy redactados han causado serias inquietudes en asociaciones profesionales, academia, y grupos comunitarios de todo Puerto Rico, los cuales han declarado las propuestas como discriminatorias, antidemocráticas y inconstitucionales. El consenso es que las propuestas tendrían un fuerte impacto negativo sobre la calidad de vida de los puertorriqueños y su medio ambiente.

La primera inquietud se relaciona al paso acelerado en que los cambios están procediendo por las cámaras legislativas, dando el parecer a un atentado de sobrepasar la participación democrática en el proceso de decisión. Vistas públicas no anunciadas comenzaron en la Cámara de Representantes un domingo en la mañana un continuaron durante el fin de semana largo de “Memorial Day”, con solo 5 representantes presentes para escuchar las ponencias leídas por profesionales y líderes comunitarios.

La isla municipio de Culebra es vista como particularmente vulnerable a los posibles impactos negativos de los cambios propuestos. Así todo, no han habido vistas públicas para los culebrenses, habitantes de una isla aislada geográficamente con una situación socio-económica más parecida a las Islas Vírgenes que a la isla grande de Puerto Rico. Con solo unos pocos días para revisar las 200 páginas de la legislación propuesta, varios miembros de la comunidad de Culebra pudieron poner en el “record” que su isla enfrenta un riesgo especial por la legislación propuesta, ya que los cambios pondrían a los residentes y sus recursos naturales en peligro por los proyectos de alta densidad  hoy tratando de entrar a la isla.

En comentarios el 28 de mayo ante la Cámara de Representantes, el alcalde novoprogresista de Culebra, Abraham Peña Nieves criticó el proyecto que propone agilizar los permisos de construcción y reclamó remover de la medida los cambios propuestos a la Autoridad de Conservación y Desarrollo del Municipio de Culebra.

“Es increíble que este proyecto de ley dedique 13 páginas, repito, 13 páginas a la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra”, dijo el Alcalde. “¿Qué intereses oscuros están detrás de esta parte de un proyecto que, por lo demás, es una buena medida? ¿Quiénes, con tierras o intereses en el desarrollo desmedido de nuestra riqueza ecoturística, ha metido la mano en esta parte del proyecto?”

En una vista de la Comisión cameral de Desarrollo Económico y Planificación, el Alcalde recordó que en el pasado cuatrienio fue el ahora convicto ex senador Jorge de Castro Fonto quien intentó desmantelar la Autoridad. Según dijo el Primer Mandatario, fue la ahora presidenta cameral, Jenniffer González quien se opuso a la medida.

“Si no nos hacen caso en la Cámara, iremos al Senado, si no nos hacen caso en el Senado, iremos a La Fortaleza. Si aún así no logramos detener a los especuladores, los combatiremos con la misma energía que combatimos a la Marina en Culebra hace varias décadas”, sentenció el Alcalde.

Además de la indemocrática falta de transparencia en el proceso hasta ahora, otras objeciones a los proyectos, como hoy redactados, incluyen los siguientes puntos:

• Inconstitucionalidad: Artículo 12.3 de los proyectos incluye un requerimiento de fianza para un ciudadano intervenir en el proceso de planeamiento. Artículo 13.1 remueve las cortes del proceso de apelación, creando en vez una nueva junta para ese propósito. Para apelar la decisiones de esta junta habría que ir directamente a la Corte Suprema, la cual correría el peligro de sobrecargarse de casos y perder sensibilidad. El resultado de los cambios propuestos sería que la comunidad, comerciantes locales, o activistas comunitarios tendrían que demostrar “standing” el cual sería decidido por un funcionario del gobierno, y serían obligados a poner fianza para intervenir en el proceso de planeamiento.

• Destrucción de recursos naturales y culturales: Artículo 2.6 propone la eliminación de la revisión multidisciplinaria de proyectos de construcción. La sustentabilidad ambiental e impacto cultural de un proyecto serían evaluados por un “profesional licenciado,” un funcionario gubernamental que sería arquitecto o ingeniero, no requerido a tener conocimiento de ciencias ambientales o arqueológicas.

• Fomentará en vez de arrestar la corrupción: Artículo 9.10 indica que, a la vez que una estructura está construida con permiso, no será removida aunque después se determine que el permiso fue un error de ley.  Esto haría que un permiso, obtenido por vías legales o ilegales, sería extremamente valioso, e irreversible el daño causado por proyectos permitidos ilegalmente.

• Dudoso beneficio económico para Culebra:  En Culebra, con su casi cero desempleo involuntario, proyectos grandes de construcción emplean trabajadores de afuera de la comunidad local (mayormente inmigrantes de islas vecinas), dando poco si algún beneficio para la economía local y, al contrario, añadiendo estrés al ambiente e impactando negativamente la calidad de vida y el medio ambiente local. Carlos Geigel Bunker, abogado que representa al municipio de Culebra, escribió a los legisladores: “Un hombre sabio dijo: si no está roto, no lo arregles. La economía de Culebra está en mucho mejor estado que la del resto de Puerto Rico, con desempleo casi cero, crimen casi no existente, y un turismo más estable”.

• Dudoso beneficio económico para comunidades de Puerto Rico: Con muchos países desarrollados contemplando los últimos 8 años de crecimiento insustentable que resultó en edificios abandonados y economías al punto de la quiebra, es escandaloso ver a esta legislación ser apurada sin considerar las lecciones aprendidas de la crisis económica mundial. Esta semana, el gobernador del estado de Florida está considerando legislación para proteger los arrecifes de coral de ese estado, y la tendencia internacional es hacia empleos “verdes” que produzcan beneficios a largo plazo para toda la sociedad. Es frustrante que, aunque dados solo pocos días para evaluar estos proyectos, prácticamente todas las ponencias por profesionales están de acuerdo en que la legislación parece haber sido redactada por constructores / proyectistas frustrados y hambrientos Esto de permisos de construcción “por cualquier método necesario” causará conflictos que un planeamiento viable debería minimizar, y por lo tanto no logrará el propósito de atraer inversión as Puerto Rico.

• Impacto negativo a recursos naturales protegidos por el gobierno federal de Estados Unidos: A nuestro conocimiento, ni el gobernador o los legisladores han solicitado comentarios del “U.S. Fish and Wildlife Service” o del “National Marine Fisheries Service” a pesar de que muchos sitios designados como hábitat crítico existen en Culebra y Puerto Rico. El director regional del “Environmental Protection Agency” (EPA) anunció a la prensa el 26 de mayo que la EPA estará revisando los propuestos cambios para evaluar si afectarán programas federales delegados a estados o dependencias. Visitantes de todo el mundo son atraídos a Puerto Rico y Culebra por sus hermosas playas, El Yunque, sus reservas marinas, programas de anidaje de tortugas, arrecifes de coral, y pesca. Turistas no vienen a ver su naturaleza ser destruida.

• Enmiendas propuestas para la Ley 66, 1975 (como amendada), sin la participación de los culebrenses están en violación del Artículo 1(m) de la Ley Puerto Rico 114, 13 junio 2006, la cual garantiza la participación de los culebrenses en la toma de decisiones que afectan su comunidad y su medio ambiente.

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